Lejos de abogar por el bien de la salud de los países miembro, estas propuestas no solo están ideadas para beneficiar económicamente a los patrocinadores de la entidad sanitaria mundial sino que atentan contra la democracia y los derechos humanos. Ambos proyectos pretenden reducir el poder de decisión, o soberanía, individual y nacional, sustituyéndolo por la obediencia a las recomendaciones de este organismo.
Con la excusa del covid-19, la viruela del mono y otros curiosos “brotes”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en curso dos procesos paralelos destinados a reformar el marco jurídico internacional en el que se basa la arquitectura mundial de preparación, respuesta y resiliencia ante emergencias sanitarias (HERP, por sus siglas en inglés). El primer proceso en curso en la OMS es la negociación a través del Organo Intergubernamental de Negociación (INB) de un nuevo tratado sobre preparación y respuesta ante pandemias, al que bautizó “Convenio, acuerdo u otro instrumento internacional sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias” (CA+). El segundo proceso es la revisión del marco jurídico internacional existente sobre emergencias sanitarias, preparación y respuesta, que es el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), al cual pretenden incorporar una serie de enmiendas.
“Ambos procesos parecen precipitados. El objetivo es que tanto el texto del tratado como las enmiendas al RSI estén listos para su adopción en la 77ª Asamblea Mundial de la OMS en mayo de 2024”, advierten las doctoras Silvia Behrendt -directora de la Agencia de Responsabilidad Sanitaria Global y exasesora jurídica de la Secretaría del RSI de la OMS- y Amrei Müller -profesora adjunta del University College de Dublín y especialista en Derecho internacional-.
En un análisis publicado recientemente, las especialistas hacen hincapié en que “negociar un nuevo tratado multilateral en menos de tres años es muy poco habitual” y que “los Estados sólo dispusieron de cuatro meses para presentar enmiendas al RSI”. De hecho, mencionan que los expertos que redactaron el Informe del Comité de Revisión de las Enmiendas al RSI criticaron el breve plazo en el que debía elaborarse el documento, lo que suponía limitaciones a su mandato.
”Al mismo tiempo, la relación prevista entre ambos instrumentos -el RSI y el CA+- sigue siendo ambigua”, opinan. “En su forma actual, hay solapamientos sustantivos en casi todas las áreas reguladas, y no está claro por qué la OMS y sus estados miembros están utilizando recursos para negociar dos instrumentos internacionales con un alcance y contenido que se solapan”, remarcan.
Behrendt y Müller expresan preocupación por el hecho de que apenas ha habido debate público o académico jurídico sobre estas amplias enmiendas y el proceso paralelo de negociación de un nuevo “tratado pandémico”, “a pesar de que los resultados de estos procesos pueden afectar los medios de subsistencia, las vidas, la salud y los derechos humanos de personas de todo el mundo, entre otras cosas porque, si se aprueban, las enmiendas propuestas otorgarán poderes únicos de ‘emergencia’ a la OMS y, en particular, a su director general” (cargo que hoy ocupa Tedros Adhanom Ghebreyesus).
Las especialistas ponen de manifiesto que las enmiendas están destinadas a aumentar las facultades de la OMS en materia de emergencias y biovigilancia y a ampliar las obligaciones de los Estados que deberán crear “capacidades básicas” para detectar, evaluar, notificar e informar sobre eventos que puedan constituir emergencias de salud pública de importancia internacional y responder a ellas.
POR QUÉ RECHAZARLAS
Mientras el presidente argentino ya se ha expresado en 2021 a favor de un tratado internacional que refuerce el papel de la OMS, las verdaderas intenciones detrás del CA+ y las enmiendas al RSI distan muchísimo de la preocupación por proteger a las sociedades ante futuras ‘emergencias sanitarias’. Se trata más bien de un intento por garantizar la concentración de poder sobre esta entidad sanitaria mundial con fines vinculados a los intereses que persiguen quienes la financian. Así lo pone de manifiesto David Bell, médico especialista en salud pública, consultor biotecnológico en salud mundial y exfuncionario médico y científico de la OMS en un reciente texto que escribió con la colaboración de la doctora Thi Thuy Van Dinh, experta en Derecho Internacional, que trabajó en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Los dos exfuncionarios de Naciones Unidas, ponen de manifiesto que las propuestas de la OMS amplían el alcance de las emergencias para incluir el daño potencial en lugar del real. Además, el proyecto de tratado CA+ sugiere una definición de “Una Salud”, que abarque cualquier suceso en la biosfera que pueda afectar al bienestar humano y, como se dijo antes, el poder de decisión se pondrá en manos de una sola persona: el director general de la OMS.
“La OMS llamará a los países a suscribir estos acuerdos para suprimir y censurar las voces de quienes cuestionen los dictámenes de su director general”, vaticinan Bell y Van Dinh.
Un dato no menor, que destacan estos especialistas es que que las dos propuestas -las enmiendas al RSI y el CA+-, pretenden ampliar la burocracia internacional para emergencias sanitarias con un presupuesto anual adicional estimado por el Banco Mundial en tres veces el presupuesto actual de la OMS.
”Este programa está fuertemente respaldado por los principales patrocinadores individuales y corporativos de la OMS, entidades que se beneficiarán directamente a través de las respuestas centradas en los productos básicos que se proponen. Sin embargo, será financiado principalmente por quienes pagamos impuestos”, aclaran.
El exfuncionario de la OMS y Van Dinh resaltan que se trata de un nuevo modelo tanto para la OMS como para la salud pública. “La OMS fue concebida originalmente para servir a los países, no para darles instrucciones. Las propuestas pretenden reducir el poder de decisión, o soberanía, individual y nacional, sustituyéndolo por la obediencia a las recomendaciones de la OMS”, grafican, para luego añadir: “La soberanía individual y los derechos humanos fueron en su día fundamentales para la salud pública. Estos conceptos se ejercen comúnmente a través de representantes elegidos, y mediante la retención de los derechos inalienables de una persona en las decisiones sobre su propio cuerpo. Acuerdos antifascistas como el Código de Nuremberg se basan en este entendimiento. Estas son razones de peso para oponerse a las propuestas de la OMS. Pero hay otras razones de peso por las que estas propuestas son ridículas y peligrosas”.
Gran parte de la financiación de la OMS procede de patrocinadores privados y empresariales, que deciden cómo se utilizará su dinero. “Las empresas tienen la responsabilidad ante sus accionistas de utilizar esta relación para aumentar sus beneficios, mientras que los particulares invierten directamente en empresas que se beneficiarán de las propuestas de emergencia sanitaria de la OMS. Lo vimos durante el covid-19”, puntualizan Bell y Van Dinh, quienes señalan que la falta de interés de los principales medios de comunicación, que obtienen sus mayores ingresos publicitarios privados de las mismas empresas, no debe tomarse como una razón para ignorarlo.
”Los patrocinadores de la OMS pretenden beneficiarse de que ésta arrebate a los gobiernos representativos el control de aspectos potencialmente rentables de la salud, de modo que sus productos puedan ser de uso obligatorio más ampliamente y con mayor frecuencia”, sintetizan.
En la misma línea, sostienen que es inapropiado que un país democrático ceda autoridad sobre sus propios ciudadanos a una entidad de este tipo, y a funcionarios internacionales que no rinden cuentas y están sujetos a conflictos de intereses, influencias y prejuicios.
“Las respuestas de salud pública deben depender enteramente de los propios valores y prioridades de la población, no de dictadores extranjeros o de quienes ellos designen. Sería estúpido ceder el control a quienes defienden valores totalmente opuestos”, enfatizan.
INCOMPETENCIA COMPROBADA
Por otra parte, estos dos expertos hacen hincapié en que antes de confiar la propia salud a otros, es esencial saber que son competentes. “A pesar de contar con directrices anteriores basadas en evidencia para las pandemias, la OMS perdió el rumbo de forma desastrosa con el covid-19. Apoyó políticas que empeoraron la situación. Apoyó políticas que empeoraron enfermedades como la malaria, la tuberculosis y la desnutrición, y aumentaron la deuda y la pobreza para fijar una peor salud para la próxima generación. Estas políticas incrementaron el trabajo infantil y facilitaron la violación de millones de niñas, al tiempo que negaron la educación formal a cientos de millones de niños. Los ancianos enfermos no podían recibir cuidados, mientras que los sanos quedaban confinados en casa. Promovieron la mayor concentración de riqueza al alza y un consiguiente empobrecimiento masivo de la historia”, recuerdan.
Asimismo, mencionan que durante los dos últimos años, la OMS se ha embarcado en un proyecto para vacunar masivamente al 70% de las poblaciones africanas, a pesar de que la mitad de la población tiene menos de 20 años, por lo que el riesgo es mínimo y de que el propio estudio de la OMS muestra que la gran mayoría ya había tenido covid-19. “Este programa es el más caro, por año, que jamás haya promovido la OMS. Ahora busca poderes que le permitan repetir este tipo de respuestas, a menudo”, subrayan.
En tanto, advierten que los países que adopten las enmiendas propuestas al RSI aceptarán las recomendaciones de la OMS como obligatorias. Entre ellas, se encuentran: el cierre de fronteras y la denegación de viajes individuales, el aislamiento de personas “sospechosas”, el requisito de exámenes médicos y vacunación obligatorios, los controles de salida y la exigencia de pruebas de detección. “Todo ello se impondrá a los propios ciudadanos de un país cuando un individuo de esta organización patrocinada por grandes empresas multinacionales e inversores adinerados decida, de forma independiente, que una ‘amenaza’ sanitaria indefinida supone un riesgo para otros países”, insisten Bell y Van Dinh, quienes destacan que no hay criterios claros de “riesgo”, ni necesidad de demostrar daños, para imponer esta draconiana eliminación de derechos humanos básicos: el director general de la OMS ni siquiera tendrá que consultar ni obtener un consentimiento más amplio.
”Hay otras iniciativas en marcha para garantizar que las vacunas exigidas no tendrán que someterse a las pruebas normales de seguridad. No hay ningún examen de conciencia sobre la devastación causada a las personas y a las economías por políticas similares aplicadas durante el covid-19. Por el contrario, la OMS y sus socios alegan una mayor urgencia, utilizando brotes irrelevantes como el de la viruela símica para justificar sus prisas. Esto es poner patas para arriba la salud impulsada por la comunidad, y los derechos humanos posteriores a la Segunda Guerra Mundial”, alertan.
El sistema propuesto por la OMS pondrá en marcha una burocracia sanitaria mundial muy distinta de la que tradicionalmente sostiene la OMS. La organización evaluará cada dos años la preparación de cada país para responder a eventos poco frecuentes y exigirá rectificaciones.
”La vigilancia intensiva encontrará nuevas variantes de los virus que siempre evolucionan en la naturaleza. En lugar de permitir que estas variantes desaparezcan sin ser detectadas, esta burocracia las secuenciará, les pondrá nombre, decidirá que suponen una amenaza e instituirá las medidas destructoras de la sociedad y la economía que han perfeccionado desde 2020”, adelantan estos exfuncionarios y describen cómo será el accionar: aunque la OMS sólo registró una “pandemia” leve por generación durante los últimos 100 años, este sistema hace inevitable la proclamación de emergencias frecuentes. Tal “éxito” será una justificación esencial para mantener la financiación. La respuesta incluirá encierros y cierres de fronteras, y luego testeos y vacunaciones masivas “para escapar de estos encierros y salvar la economía.” Los medios de comunicación venderán noticias de última hora, contando infecciones y camas de hospital disponibles mientras no ofrecen ningún contexto; los departamentos de salud pregonarán a los trabajadores esenciales como héroes a nivel internacional, regional y nacional. El covid-19 estableció este modelo.
”En un país con una democracia constitucional que funcione, no se permitiría un sistema basado en incentivos tan perversos. Pero la OMS no opera bajo ninguna jurisdicción nacional, ni responde directamente ante ninguna población. No tendrá que soportar los impactos negativos de sus dictámenes. Está dando prioridad a las necesidades de sus patrocinadores y tratando de imponerlas a otros lejanos. Si ha de aceptar esta financiación, y pagar los sueldos de su personal, no tiene elección”, continúan.
Por último, sostienen que los acuerdos de financiación de la OMS, su historial y la naturaleza perversa de su propuesta de respuesta a la pandemia deberían bastar para convertir estos convenios propuestos en un anatema en los Estados democráticos.
“Si se implementan el CA+ o las enmiendas al RSI, deberían inhabilitar a la OMS para recibir financiación pública o proporcionar asesoramiento sanitario. La comunidad internacional puede beneficiarse de la coordinación en materia de salud, pero sería imprudente confiar esa función a una organización que claramente sirve a otros intereses”, finalizan.
