El relevamiento forma parte de una investigación internacional y los datos que trascendieron son alarmantes. Los resultados iban a divulgarse esta semana, pero la institución suspendió el evento. Repudio de organizaciones sociales y científicas.
Hace años que pueblos y ciudades de Argentina vienen rastreando evidencia científica sobre lo que sus cuerpos y entornos les manifiestan: los efectos nocivos del contacto permanente con agroquímicos. En 2021 se puso en marcha un estudio internacional para analizar si esos agrotóxicos están también en los cuerpos. El resultado no sorprendió.
Los datos sobre presencia de esas sustancias en orina, sangre y materia fecal iban a difundirse oficialmente esta semana, pero el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) suspendió el evento. Organizaciones ambientalistas y referentes de la comunidad científica lo consideraron un acto de censura y emitieron su repudio.
El total de participantes argentinos presentó un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina, y de cero a 18 sustancias en materia fecal. En tanto, el total de las muestras locales registró un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras que midieron la exposición a plaguicidas en el aire.
El informe iba a ser presentado por quien encabezó la investigación en Argentina, la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA. En los últimos años, la investigadora tuvo un rol clave para que asambleas y agrupaciones comunales pudieran acceder a datos científicos sobre lo que denunciaban y padecían.
En 2020 comenzó a trabajar también para el proyecto internacional “Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global (SPRINT)” y coordinó la toma de muestras entre 73 personas de distintos puntos bonaerenses afectados por las fumigaciones.
Los resultados, que ya fueron remitidos a quienes participaron, iban a difundirse el miércoles 21. El jueves 15, menos de una semana antes, Aparicio recibió una nota firmada por el Director Nacional de INTA, Carlos Parera. “Atento a que hemos tomado conocimiento de que posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional y considerado que, nuestro accionar está siendo analizado al respecto, se instruye a que suspenda la Reunión de Presentación de Datos prevista, hasta tanto se tengan las respuestas asociadas en sentido amplio”, decía.
Tras la suspensión del encuentro no hubo novedades sobre el tema desde el INTA, según confirmó la institución a este diario.
Agrotóxicos en sangre y orina
Iván Villareal, de Laguna Brava, fue una de las personas que participó del estudio aportando muestras de sangre, orina y materia fecal. Además, llevó una pulsera que medía la exposición a sustancias químicas en el aire. En diálogo con Tiempo, consideró un “artilugio inválido” el argumento de la suspensión, “porque el INTA desde hace dos años sabe que se están haciendo estas investigaciones. Esta prohibición de decir los resultados nos dejó boquiabiertos”.
“A nosotros ya nos llegó el informe a nivel personal. Tenemos en sangre y orina tres agroquímicos que están prohibidos en Argentina. Es decir que existe la posibilidad de que se sigan utilizando. Y son altos los porcentajes en lo que fueron encontrando en sangre”, lamentó el militante de la Asociación Civil para el Fomento y la Protección del Paisaje Laguna Brava. En las muestras de sangre, por caso, se detectó la presencia de Bromoxynil y Fipronil sulfone, cuyo uso no está aprobado.
“La verdad que fue un golpe bastante fuerte (la suspensión) porque si bien nosotros ya tenemos estos productos en sangre y no tenemos vuelta atrás, está dentro de nuestro derecho saber a qué nos atenemos en un futuro. Seguramente esto tenga repercusión en nuestro cuerpo y salud”, alertó. De hecho, la mayor parte de los participantes del estudio acudieron a consultas médicas al recibir los resultados del informe SPRINT.
“Lo que el INTA oculta e impide su divulgación es la fotografía tóxica de los cuerpos humanos evaluados en el SPRINT que seguramente se replica en todas las personas que habitan en los pueblos fumigados de la Argentina. Cuerpos que son impactados por numerosas sustancias que están ahí alojadas silenciosamente pero que tienen capacidad para generar cáncer, daño genético, funcionar como alteradores hormonales, generar desfunciones en el sistema nervioso y poseer efectos neurotóxicos”, expresaron las asambleas y organizaciones de pueblos fumigados en un comunicado. El repudio también llegó desde referentes de la comunidad científica.
Muestreo internacional
El muestreo fue realizado durante la primavera de 2021. El proyecto SPRINT es financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. Participan institutos de investigación de una decena de países europeos. De América, solo Argentina.
El mes pasado los resultados llegaron a quienes participaron a nivel local. “Fueron muy preocupantes, pues se detectaron y cuantificaron decenas de agrotóxicos en los cuerpos humanos, tanto en sangre, como orina y materia fecal como así también el aire que se respira en los pueblos fumigados”, indicó el comunicado de las asambleas.
Pese a los argumentos del INTA para la suspensión de la difusión del informe, lo realizado en este país contó con la aprobación del Comité Bioética de Ética de la Investigación, del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética (PTIB) dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en tanto el protocolo del muestreo fue revisado por pares y publicado en una revista científica.
Cuando las muestras aún estaban siendo procesadas, los resultados eran esperados con ansias en Laguna Brava: “Nos da un poco de miedo recibirlos. Tenemos mucha gente con cáncer y sabemos que el Hospital de Niños de Mar del Plata recibe la mayor cantidad de enfermos de cáncer de esta zona. Estamos complicados. Pero al Estado no le interesa”, decía Villareal a este medio el año pasado.
No fue una excepción
“Lo de Virginia Aparicio no es un caso aislado. Tiene que ver con qué pasa con las investigaciones científicas financiadas por el Estado y el modelo productivo del agronegocio, donde hay un doble movimiento: por un lado se basa esa matriz productiva en gran parte de esos conocimientos científico-tecnológicos que hacen posible la instalación de ese paquete –semillas modificadas, uso intensivo de agrotóxicos- y por otro lado con una gran cantidad de investigaciones de toda la rama del conocimiento –o de muchas- hay como en este caso un silenciamiento explícito de parte de un organismo puntual o en términos más generales un ninguneo de esas miradas”, sostuvo Cecilia Gárgano, historiadora e investigadora del CONICET y la Universidad de San Martín. Autora del libro El campo como alternativa infernal. Pasado y presente de una matriz productiva ¿sin escapatoria?, Gárgano fue una de las científicas que difundió el silenciamiento a Aparicio.
Remarcó también que ya “hay muchas investigaciones que han dado cuenta de que los agrotóxicos están en el agua que tomamos, en el aire que respiramos, en el suelo, en los cuerpos, y eso no tiene una repercusión a nivel de la política pública que debiera estar accionando frente a esto”.
“Es grave también el caso de Virginia porque el INTA es un organismo que estuvo implicado en censuras parecidas por ejemplo en que uno de los directivos instara al personal a no usar la palabra ‘agrotóxicos’. Cuando se produjo la causa de Pergamino, un fallo histórico en el que se dictaron medidas de protección de distancias para las fumigaciones por la detección de estas sustancias en el agua sobre todo y también por daño genético en la familia de una de las querellantes, las muestras que tomó la Justica fueron del laboratorio de Virginia Aparicio.
En esa circunstancia la dirección del INTA de Pergamino intentó apelar. Es decir que no hay un único INTA, hay muchos. Pasa en el Estado en general. Pero esa diversidad de posiciones no tienen el mismo peso, los mismos recursos, y es parte de una trama más general que hace a cómo funcionan los extractivismos”, apuntó la investigadora a Tiempo.
Y siguió: “Así como nadie les pregunta a las poblaciones –lo estamos viendo en Jujuy muy claramente con el caso del litio- cómo quieren vivir en sus territorios y qué pasa con esos bienes comunes naturales, ese carácter antidemocrático que per se tiene el extractivismo en diferentes grados –el más claro es el de la represión de la protesta social, pero no es el único- también opera en otros campos como el científico en relación a estas miradas críticas. Obviamente hay una cuestión que pone sobre la mesa el caso de Virginia: qué ciencia tenemos, cuál queremos y si se trata de apoyar una ciencia mercantilizada que siga profundizando los problemas ambientales y de desigualdad social o una que pueda tener una voz crítica y que ponga sobre la mesa con las comunidades cómo dejar de estar cada día más pobres y endeudados y más depredados ambientalmente”.
