Sigue la locura trans. Esta vez en Colombia, donde cualquier persona, sin importar su edad, tendrá la posibilidad de modificar su género en el Registro Civil desde su nacimiento. Esto implica que incluso un niño de tan solo seis años podría optar por identificarse como femenino, masculino, no binario o trans. Esta medida se considera un paso más hacia un camino problemático y lleno de incertidumbre. ¡Menuda locura!
La semana pasada el Gobierno de Gustavo Petro presentó un borrador de decreto que detalla los procedimientos legales necesarios para que cualquier ciudadano colombiano, sin importar su edad, pueda realizar este cambio. El borrador especifica que las personas que deseen modificar su género en los documentos de identidad podrán elegir entre varias opciones: Femenino (F), Masculino (M), No Binario (NB), Trans o Travesti (T).
La propuesta del gobierno colombiano de permitir que personas de cualquier edad puedan cambiar su género en el Registro Civil ha desatado una ola de críticas, especialmente porque abre la puerta a que menores de edad, sin límites de edad, modifiquen legalmente su identidad de género. El principal problema radica en la falta de criterios de madurez o acompañamiento psicológico previo a una decisión de tal magnitud, que podría afectar irreversiblemente el desarrollo emocional y psicológico de los menores. En un contexto donde la identidad de género puede ser una cuestión compleja y sujeta a cambios a lo largo del crecimiento, resulta cuestionable que se promueva tal nivel de autodeterminación en niños tan pequeños.
Esta medida va en contra de principios que muchos países han considerado fundamentales: proteger a los menores de decisiones radicales que, en muchos casos, no tienen la madurez suficiente para comprender. El proyecto establece que, aunque un menor puede realizar este trámite solo, será la Defensoría de Familia quien tome la decisión en su nombre, lo que no resuelve el problema de fondo: los menores pueden no entender completamente el impacto de este cambio. La propuesta parece apresurada y responde a una ideología política sin considerar debidamente el bienestar de los niños involucrados, lo cual ha generado una fuerte reacción de padres y especialistas en infancia.
Además, es importante notar que esta decisión impactaría los derechos de los padres, quienes quedarían en un segundo plano, incapaces de participar en una decisión de tal trascendencia para la vida de sus hijos. No se han previsto mecanismos adecuados para garantizar que los menores estén siendo orientados y que este cambio responde realmente a una necesidad sentida y no a una confusión pasajera propia de su edad. Este vacío de acompañamiento especializado y la falta de transparencia en el proceso dejan a los menores en una posición de vulnerabilidad ante una decisión irreversible que afectará todos los aspectos de su vida, desde el acceso a derechos hasta su desarrollo psicosocial.
Por último, la falta de restricciones plantea una peligrosa flexibilización que normaliza la idea de que los menores pueden tomar decisiones sobre su identidad de género sin un proceso de reflexión profundo. Esta política parece olvidar que el cerebro humano sigue en desarrollo hasta bien entrada la adolescencia y que decisiones tan radicales podrían ser fuente de arrepentimientos futuros, cuando ya se han oficializado cambios difíciles de revertir. El riesgo de que esta iniciativa lleve a un crecimiento en el número de menores expuestos a cambios de género sin preparación psicológica y el debate ético que plantea una posible “moda” ideológica en la infancia hacen que esta medida sea, como mínimo, irresponsable y prematura.
