Con la firma del gobernador demócrata Gavin Newsom el pasado viernes haciendo efectivo el proyecto de ley, California se convirtió en el primer estado que castigará a los profesionales médicos que se atrevan a cuestionar la dictadura sanitaria y brinden “desinformación y mentiras sobre el COVID-19” a sus pacientes.
La ley, denominada como AB2098 y propuesta por el legislador demócrata Evan Low, establece que cualquier médico que difunda con sus pacientes “información errónea o desinformación” sobre la naturaleza y los riesgos del COVID-19 y sobre la “seguridad y eficacia de las vacunas” incurrirá en una falta ética y será denunciado al colegio de profesionales.
La legislación designa la difusión de información médica falsa o engañosa a los pacientes como una “conducta no profesional”sujeta a sanciones por parte de la Junta Médica de California, que abrirá rápidamente un sumario frente al profesional que incurrió en esa falta tras recibir la denuncia y evaluará su castigo.
Además, dicha legislación también define a la desinformación como las falsedades “difundidas deliberadamente con intención maliciosa o de engañar y que se contradicen con el consenso científico contemporáneo contrario al estándar de atención”, determinando lo que es científico y lo que no.
“Los médicos tienen el deber de proporcionar a sus pacientes información precisa y con base científica, incluyendo el uso de las vacunas aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos” reza otro extracto de la ley que impone a los doctores no hablar con sus pacientes sobre la inoculación.
Si bien la ley no decreta cuál debe ser la sanción y lo deja a discreción de la Junta Médica, la misma aconseja que el castigo adecuado para punir este comportamiento es la de suspender por un tiempo indeterminado la licencia del médico o directamente revocarla para que el profesional no pueda volver a ejercer la medicina en el estado.
Ante esta invasión a la privacidad de la labor de los profesionales de la medicina, un grupo local llamado Médicos por el Consentimiento Informado que nuclea a miles de profesionales en el estado se opuso a la legislación, argumentando que silenciaría la opinión personal del médico y destrozaría la confidencialidad con sus pacientes.
El grupo además presentó una demanda para solicitar una orden judicial que impida a la Junta Médica de California disciplinar a los médicos basándose en acusaciones de desinformación. En la demanda, se califica a la definición de desinformación por parte de la Legislatura como “fascista” e “irremediablemente vaga”.
En California, uno de los bastiones del Partido Demócrata, una tracalada de leyes destinadas a imponer una sola opinión sobre el coronavirus, y la pandemia fueron aprobadas pero aún no han sido firmadas por Newsom, temiendo una posible retalía legal por parte de grupos que aglutinan a padres, médicos y opositores a la vacunación forzada.
En agosto, el legislador ultraizquierdista Scott Wiener presentó un proyecto que permitía a los menores de 15 años dirigirse voluntariamente a un centro de vacunación e inocularse sin el consentimiento de los padres, mientras que otra ley presentada por dos diputados demócratas obligaba a todos los trabajadores del sector privado a inocularse.
