La nueva norma llevaría a la judicialización de quienes propaguen información o denuncias que comprometan a funcionarios del castrismo.
En medio de la crisis por el coronavirus y el colapso económico, la dictadura de Miguel Díaz-Canel avanza para suprimir totalmente los flujos de información libre a través en Internet en Cuba.
Se trata de la Resolución 105. El nombre de la norma es: “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad”. La medida forma parte de las respuestas del régimen cubano al inédito levantamiento popular del 11 de julio.
Mientras el país sucumbe a la COVID-19 y requiere de asistencia humanitaria internacional, las prioridades de Díaz-Canel lo llevan a reprimir aún más la libertad de expresión de la Isla.
La resolución tipifica como delitos “la divulgación de noticias falsas” y el “ciberterrorismo”. Esas y otras figuras hasta ahora no tenían respaldo legal en la Isla para judicializarlas.
La norma incluye también la difusión de “mensajes ofensivos”, así como la “difamación con impacto en el prestigio del país” como daños éticos. Y contempla si se difunden a través de redes sociales u otros medios.
El director de Ciberseguridad del Ministerio de las Comunicaciones castrista, Pablo Domínguez Vázquez, dijo que también incluye “contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado”.
También los que inciten “a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público. Igualmente, los mensajes que hagan “apología a la violencia» o que “afecten la intimidad y dignidad de las personas”.
Ciberterrorismo
La nueva norma legal reconoce al “ciberterrorismo” como aquellas acciones mediante el uso de las TIC cuya finalidad sea “subvertir el orden constitucional». También cualquier acción para suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas.
La definición incluye también la presión a «las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Domínguez Vázquez precisó que, aunque el régimen cubano no cuenta con contrato de servicios con las plataformas de redes sociales, registrará y notificará como violaciones los actos descritos previamente.
Vigilancia en las redes
“Cuando se logran identificar esas personas [que contravienen la Resolución 105 del MINCOM] y están en el país sí se imponen contravenciones. Con esta nueva norma, el estado cubano tiene registro de todos estos incidentes”, agregó.
La norma jurídica asocia los incidentes de ciberseguridad con tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico, agregó el funcionario.
La nueva resolución se une al Decreto-Ley No 35 también orientado controlas las telecomunicaciones. Las dos medidas buscan desarticular la posibilidad de que ocurra otro alzamiento popular como el del pasado 11 de julio.
También, suceden a la aprobación de una enmienda del Senado de Estados Unidos par proveer Internet en Cuba.
Fuente: Primer Informe
