Al menos 38 diputados chilenos, de los 155 que conforman el Congreso, financian las recargas de gasolina a su entorno con fondos del Estado. Entre ellos aparecen el comunista Boris Barrera y Claudia Mix, de un partido aliado del presidente Gabriel Boric
Parejas, hijos y conocidos de un grupo de diputados chilenos financian la gasolina de sus vehículos con las tarjetas asignadas por el Congreso a los parlamentarios para cubrir los gastos de combustible. Es una irregularidad y un descontrol absoluto que deriva del cese del sistema de rendición de facturas.
Una indagación del Centro de Investigación Periodística (CIPER) descubrió que 38 diputados, de los 155 que conforman el Congreso, le financian a su entorno las recargas de gasolina con fondos fiscales, cuando el reglamento de la institución establece que sólo los diputados y sus asesores pueden utilizar las tarjetas para abastecer sus vehículos mientras ejerzan su labor parlamentaria.
El reportaje revela que la Cámara de Diputados entrega a cada legislador tres tarjetas para cubrir sus gastos de gasolina en las estaciones de las compañías con las cuales el órgano tiene convenios (Copec, Shell y Petrobras) y, aunque cada una es intransferible al tener grabada la identidad del funcionario, el número de patente de su vehículo terminan en manos de terceros.
Privilegios de un comunista
«Cada vez que la Cámara ha querido fiscalizar el gasto en gasolina por parte de familiares, la excusa de los diputados es que los parientes que cargaron el combustible estaban junto a ellos a bordo del vehículo. Algo que no se puede comprobar», indica el reporte de CIPER.
Así los parlamentarios esquivan los descuentos por gastos indebidos mientras permiten a sus familiares mitigar el impacto de Chile tener la segunda gasolina más cara de Latinoamérica con un promedio de 1,77 dólares por litro.
Con estas prácticas, entre abril y noviembre de este año, la Cámara de Diputados ya reporta un desembolso que asciende a 533.000.000 de pesos chilenos en el ítem «recarga tarjetas de combustible». El monto equivale a 583.000 dólares. La empresa que lidera la recepción de recursos es Copec, tras cobrar 455.000.000 a la corporación. Luego le sigue Shell (Enex) con 62.000.000 y por último Petrobras (Esmax Distribución) con 16.000.000 de pesos.
Entre los que financian la gasolina con recursos del Estado destaca el diputado del Partido Comunista (PC) Boris Barrera, quien en 2020 alegó que perdió una de las tarjetas asignadas para justificar 1.700.000 pesos chilenos en cargas de gasolinas en tres regiones diferentes.
«Le preguntamos a la persona que usaba la tarjeta y claro, recordó la última vez que había echado bencina, y cuando buscó la tarjeta, ya no la tenía», alegó Barrera.
Parejas, hijos y recargas fantasma
También está el caso de la diputada Claudia Mix, del partido Comunes (tolda aliada del presidente Gabriel Boric), quien registra cargas a nombre de su hija y de un funcionario de la municipalidad de Maipú, identificado como Víctor Villar.
«Entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, la hija de Mix gastó 160.000 pesos en combustibles a cargo de la Cámara, mientras Villar realizó 22 recargas entre agosto de 2019 y agosto de 2021 por más de 600.000», indica el documento.
Otra diputada que registra familiares beneficiados con su tarjeta fiscal es Viviana Delgado, del Partido Ecologista Verde, cuyo esposo, Daniel Espinoza, se ha abastecido 14 veces entre abril y noviembre de 2022. La diputada ecologista le dijo a CIPER que Espinoza ejerce las labores de chofer ad honorem:
«Lo que pasa es que no manejo. Hace muchos años yo casi choqué y no he podido volver a tomar un auto. Entonces cuando él anda conmigo o anda con el equipo, nosotros cargamos el auto».
La historia la repite Ana María Gazmuri, del partido Acción Humanista, por tener a su pareja, Nicolás Dormal, cargándole 76.000 pesos en combustible al vehículo que utiliza.
También hay casos como el de Diego Paulsen, de Renovación Nacional, quien registra recargas de combustible durante un reposo médico que lo mantuvo fuera de la actividad parlamentaria.
Además, las pesquisas de CIPER arrojan que los choferes que componen el staff permanente de personal que labora en las dos sedes del Congreso -en Santiago y Valparaíso- también aparecen utilizando las tarjetas en los periodos de receso parlamentario, lo cual impide trazar correctamente el traspaso de las tarjetas, que hasta ahora no genera la primera multa ni sanción por uso indebido.
