Los críticos temen que la normalización de la colaboración entre tecnología y gobierno pueda conducir a una mayor censura con el pretexto de proteger a la sociedad de la desinformación.
A pesar de las serias controversias que surgen de la “coordinación” entre las grandes tecnologías y el gobierno (las demandas en los EE. UU. dicen que en realidad es “colusión”), este concepto parece tomarse como un comportamiento normal en el Reino Unido.
Actualmente, el Ministro del Interior, James Cleverly (cuyo departamento está a cargo de la policía) se encuentra en Silicon Valley para conversar con representantes de Google, Meta y Apple. Y en la ciudad de Nueva York se reunirá con los de X.
Los informes dicen que el propósito del viaje de Cleverly a Estados Unidos es “discutir cómo el gobierno del Reino Unido y los actores tecnológicos pueden trabajar juntos para abordar una serie de desafíos que enfrentan las democracias en la era digital”.
La prisa por normalizar ese comportamiento tiene que ver con las elecciones generales que se celebrarán en el Reino Unido a finales de 2024.
Esto da credibilidad a quienes creen que el estatus de facto de las Big Tech en el mundo puede describirse como el de un actor semigubernamental, con el que varios gobiernos hablan y colaboran, como lo harían entre sí.
Lo que esos gobiernos piden a las Big Tech es controlar los mensajes y narrativas mediante censura y prohibiciones. La forma en que lo presentan es como algo totalmente opuesto: “salvaguardar” a las sociedades de cosas como la desinformación, etc., y la “influencia maligna”.
Pero se podría decir que hay muchas razones para describir políticas como el Impacto Digital Global de la ONU como una influencia maligna en cualquier sociedad, específicamente en cualquier democracia.
Pero no está fuera del ámbito de la probabilidad que Cleverly también pueda estar discutiendo este plan.
Después de todo, el Reino Unido ha trabajado muy activamente con la ONU en este tema y en la definición de “neolengua” de Impacto Digital Global, asegurando que las tecnologías digitales “se utilicen de manera responsable para el beneficio del público”.
Pero pocas cosas gritan, “beneficio público” menos de lo que la iniciativa en realidad pretende lograr: en resumen, es la introducción de una identificación digital, vinculada a las cuentas bancarias de los usuarios.
Tanto para los defensores de la democracia y la libertad de expresión como para los gobiernos que actúan de manera represiva, la protesta de los camioneros de 2022 en Canadá fue una excelente muestra de cómo se puede sofocar la disidencia legítima privando a la gente de su dinero.
Y la identificación digital y todos sus tentáculos harían que ese proceso sea más eficiente y “simplificado”, temen los críticos.
Volviendo a la misión del Reino Unido de conseguir que las grandes empresas tecnológicas (aún más) se pongan de su lado en torno al control del entorno electoral, el subsecretario de Estado para Tecnología y Economía Digital, Saqib Bhatti, dijo lo siguiente:
Confío en que podamos idear un mecanismo que ayude a mitigar el riesgo de desinformación en las elecciones. Creo que todos tendrán un papel que desempeñar en eso.
