Una investigación del Comité Judicial del Congreso arrojó luz sobre las presiones del Gobierno a las tecnológicas para que silenciaran las voces disidentes durante la pandemia. VOZ conversa con los afectados.
Lo había publicado hace 12 años, tenía 4.8 estrellas y más de 500 comentarios. ¿Por qué no encontraba su libro en Amazon? Con el tiempo, la sorpresa de Louise Kuo se convirtió en decepción: Vaccine Epidemic había sido agregado, por presión del Gobierno, a una lista ad hoc de títulos a “enterrar en los más profundo de los resultados de búsqueda”, como describiría luego un congresista. Nadie le avisó, nadie le explicó.
Adam Ringham se enteraría que su libro I’m In Your Vaccine figuraba en el catálogo Do Not Promote (No Promover) cuatro años más tarde, cuando VOZ lo contactó para este reportaje. Su reacción, sin embargo, estaría lejos de la sorpresa y decepción de Kuo: “¿Censura gubernamental? No estoy para nada sorprendido, lol“.
Las obras de Kuo y Ringham son dos de las más de 40 -incluyendo una prologada por Robert F. Kennedy Jr– enumeradas en la última entrega de los Archivos de Amazon, una investigación del Comité Judicial de la Cámara que reveló una serie de correos electrónicos entre la tecnológica y la Administración.
Los textos a no promover incluían algunos libros infantiles, otros para padres y algunos más críticos con las grandes empresas farmacéuticas. El presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, explicó que todos, de una manera u otra, están vinculados con la vacunación.
Los ‘Archivos de Amazon’
“¿La Administración nos está pidiendo que retiremos libros?”. Con aquella pregunta a resolver, el equipo de Amazon entró a una reunión privada con funcionarios de la Administración.
Así se desprende de una serie de correos internos de la compañía desvelados por Jordan, quien también explicó que ese mismo día, 9 de marzo de 2021, la tecnológica creó una nueva categoría llamada Do Not Promote (DNP). Como explica otro correo interno: “Creamos ‘No Promover’ para los libros anti-vacunas que tienen por objetivo principal persuadir a los lectores de que las vacunas son inefectivas o inseguras.”
El ida y vuelta entre funcionarios demócratas y empleados de Amazon, revelado por la correspondencia interna, expone cuestiones esenciales sobre la censura y las empresas:
Amazon se declara preocupado por las posibles repercusiones mediáticas de eliminar o reducir la visibilidad de ciertos contenidos; ambas partes discuten la definición del negocio de la tecnológica -el Gobierno se pregunta por qué Amazon hace menos que Facebook, Twitter, etc., Amazon afirma que, como vendedora de libros, tiene derecho a poblar a voluntad sus estanterías virtuales, y asegura que uno de sus objetivos es ofrecer puntos de vista variados,incluso si algunos de sus propios clientes creen que son “objetables”; intercambian distintas lecturas sobre la política de contenidos de la empresa, y en un ensayo de posible respuesta, Amazon reconoce: “Nuestras normas no se refieren específicamente al contenido sobre vacunas”…
Este tira y afloje derivó en la reunión de principios de marzo, en la creación de la lista DNP y en un correo que declaraba que se le habían añadido 43 números de identificación -series de dígitos únicos que la empresa asigna a cada obra en venta-. Correspondían, se sabría luego, a los libros de Kuo, Ringham…
“Amazon nunca retiró mi libro de imprenta, ni siquiera bajo extrema presión gubernamental”, valora Ringham. Aplaude a la empresa, incluso, y afirma que, a su manera, defendió la libertad de expresión: “Hasta donde sé, nunca eliminaron ninguna cuenta ni libro”. Aunque la tentación parece haber existido: en un correo electrónico remitido a dos direcciones anónimas terminadas en @amazon.com, se puede leer que el autor cree que, tras la creación de la DNP, el siguiente paso debería ser “prohibir la venta“.
No todos los autores en la lista negra son tan benevolentes: Kuo sostiene que la empresa debería dar explicaciones. “Amazon tiene una influencia y un poder de mercado indebidos”, afirma: “Merece mucho más escrutinio y debate“.
Tom Cowan, también en la lista DNP, asegura que seguirá vendiendo en Amazon, al igual que en cualquier otro comercio electrónico que quiera ofrecer sus productos. En definitiva, cree, quien se perjudica es la propia compañía: “Si quiere disminuir su negocio por el motivo que sea, es su problema”.
Quien sí obtiene un repudio unánime es el Gobierno. “El derecho a elegir está constantemente bajo ataque, y este caso de censura es simplemente otro ejemplo”, asegura el doctor Bob Sears, cuyo libro The Vaccine Book también aparece en la DNP. Sin embargo, señala que la arremetida al derecho a elegir -en concreto, el de los padres sobre sus hijos- falló al blanco:
“No creo que nuestro Gobierno haya tenido éxito en esto, ya que ahora más padres que nunca están cuestionando el calendario de vacunas de los CDC y están considerando criar a sus hijos sin vacunas”.
Ringham añade a las farmacéuticas al mix:
“Conozco perfectamente la corrupción gubernamental y la influencia directa que ejercen las empresas farmacéuticas sobre los políticos para proteger sus ingresos… las vacunas son el sueño húmedo de las farmacéuticas, porque no pueden ser demandadas por muy mal hecho e ineficaz que sea su producto y por mucho daño que cause”.
“Creo que es una violación escandalosa de nuestros derechos en la Primera Enmienda“, añade Margo Baldwin, editora de dos libros en la lista. “El Gobierno no puede censurar nuestra expresión”. La fundadora de Chelsea Green Publishing, que siguió de cerca las audiencias de los comités republicanos sobre confabulación tecnológicas-Gobierno, tiene un mensaje para sus colegas:
“Este es un comportamiento inconstitucional que ha estado ocurriendo desde el comienzo de la pandemia y debe terminar. Los editores deberían condenarlo“.
El ‘complejo industrial de la censura’
Al publicar la última seguidilla de correos internos de Amazon, el representante Jim Jordan aseguró que aquellos eran sólo “la punta del iceberg”. Amazon, YouTube y Facebook, sostuvo, todas se doblegaron ante “la campaña de censura de la Casa Blanca de Biden”.
A principios de mayo, la Comisión Judicial de la Cámara y el Subcomité de Instrumentalización publicaron un informe con documentos internos de las distintas empresas recabados mediante citaciones. Este detalla una campaña de coacción demócrata que, tras meses de presión, habría derivado en cambios de las políticas de moderación de contenidos. En efecto, censurando libros, videos y publicaciones.
“La Administración Biden debería haber confiado en la inteligencia del pueblo estadounidense para decidir por sí mismo”.
Comité Judicial y Subcomité de Instrumentalización de la Cámara.
En un intercambio de junio de 2021, por ejemplo, un empleado de Meta envió al CEO Mark Zuckerberg una línea del tiempo con el trato que Facebook dio a la teoría del accidente de laboratorio, que sostiene que el covid-19 fue creado por el hombre. (Como explicó VOZ, aunque en un principio las autoridades condenaron esta teoría, hoy reconocen que no puede ser descartada).
La tecnológica pasó de reducir la visibilidad de las publicaciones que promovían la teoría del accidente a directamente eliminarlas, debido a “la continua presión pública y las tensas conversaciones con la nueva Administración (la de Biden)“.
En ese mismo correo, el empleado de Amazon reconoce el mal resultado de aquella política de contenidos. Zuckerberg, en respuesta, dice que debe servir como “un buen recordatorio de que cuando comprometemos nuestros estándares debido a la presión de una Administración a menudo lo lamentaremos más tarde“.
En correspondencia interna de Google sobre YouTube, se puede leer que la compañía quería organizar una reunión con miembros de la Administración para pedirles comentarios sobre una nueva política de contenidos que se encontraba en etapa de desarrollo. Aquello fue en septiembre de 2021, seis meses -y varios correos y reuniones- después de que la Casa Blanca se pusiera en contacto con Google para preguntarle cuándo iba a actuar contra la desinformación vinculada al Covid.
Los daños de la colusión
Los congresistas autores del informe aseguraron que la iniciativa gubernamental atentó contra la Primera Enmienda. Además, afirmaron que acabó acallando información veraz y otra no contrastable -como sátiras, memes, opiniones y experiencias personales- y llevando a que, a veces, los mismos estadounidenses ejercieran la censura previa.
Aseveraron, también, que repercutió en la respuesta a la pandemia:
“Dado que las medidas de salud pública no podían ser debatidas abiertamente por el público y evaluadas en función de sus méritos, la Administración Biden y otros políticos impusieron medidas de salud pública que fueron devastadoras para los estudiantes, los trabajadores y otros estadounidenses en todo el país”.
“Estados Unidos necesita un debate libre y abierto sobre las cuestiones apremiantes del momento”, añadieron los legisladores, que también prometieron impulsar leyes para prevenir este tipo de comportamientos. “La Administración Biden debería haber confiado en la inteligencia del pueblo estadounidensepara decidir por sí mismo.”
¿Libertad de expresión o derecho a la información?
“La situación es desesperante”, dice el filósofo Gabriel Zanotti. El profesor y autor describe una sociedad apática ante el avance del Estado sobre las libertades individuales. Los Archivos de Amazon, los 40 autores en la lista negra, son sólo ejemplos de una tendencia difícil de revertir: aunque cambie el partido en la Casa Blanca, el daño, asegura, es cultural.
“La excusa es el supuesto derecho a la información, eso es lo que ha minado en Occidente la conciencia de la libertad de expresión”, sostiene y profundiza:
“La libertad de expresión implica que en una sociedad libre la gente discute cuáles son los hechos. El Gobierno no tiene que decir este es el hecho, este no es el hecho; eso se discute libremente”.
Ceder a los gobernantes el papel de garantes de la información verdadera, asegura, es darles un “arma totalitaria“. Desde su blog, Filosofía para mí, denuncia desde hace años avances del Estado -incluso sobre su propio blog: afirma que Google le borró dos entradas, y que, con lo que escribe, “es un milagro que no me haya eliminado todas”-.
Pero eso no es todo: “Si estás formado epistemológicamente sabés perfectamente que no hay hechos puros, sino interpretaciones”. Su postura no es una negación de la verdad: las interpretaciones pueden ser o no verdaderas. Es, más bien, un grito a favor de poner los mensajes -hablado, posteado, escrito, etc.- en su contexto.
No es tanto si el origen del covid fue una pipeta en un laboratorio -que puede serlo, o no-, sino que hay que considerar cuándo se dice, quién lo dice, por qué lo dice… (lo que se conoce como horizonte). Y, también, si puede defenderlo.
El retroceso de las libertades
¿Cómo queda la Primera Enmienda? “Muy debilitada“, lamenta Zanotti. Como ejemplo cita el reciente fallo de la Corte Suprema a favor de la Administración en una denuncia que la acusaba de haber coludido con las tecnológicas:
“Amy Coney Barrett, como todo el mundo, tiene el esquema del derecho de la información en la cabeza, entonces, claro, no se atrevió a sacarle al Gobierno federal el arma de ‘proteger’ a los ciudadanos contra la información falsa“.
La libertad cultural, la religiosa… El problema va más allá de la libre expresión: “La conciencia de las libertades individuales en Occidente está debilitada y por eso no solamente avanza la izquierda, sino también lo woke, los lobbies, avanzan contra la libertad de expresión“. Si estás a favor de las cirugías de transición, dice, “bien”, “escribilo en un artículo”, pero “no intentes que el Estado ponga preso” a quien piensa distinto.
“La solución de esto es a largo plazo, cultural”, asegura. “Sería retornar a un consenso alrededor de los ideales judeo-cristianos que había en el momento de la fundación de Estados Unidos”. ¿Es posible? Difícil, afirma: la mayoría de la gente no hace nada hasta que no le afecta directamente. Pocos, pocos, se atreven a hacer frente al Estado. La mayoría, ni se da cuenta. “Es un mundo casi distópico”.
