Dos grupos importantes de activistas uigures anunciaron que están preparando una demanda por genocidio contra el Partido Comunista Chino (PCCh) en Argentina debido a que los tribunales federales del país sudamericano ya han aceptado más de una querella criminal de jurisdicción universal e incluso en uno de ellos, un juez pidió la orden de captura del exlíder del PCCh.
El Congreso Mundial Uigur y el Proyecto de Derechos Humanos Uigur anunciaron este lunes 14 de diciembre que están preparando la documentación para demandar al régimen chino por crímenes de lesa humanidad en los tribunales federales de Argentina, teniendo en cuenta que ha habido al menos dos casos en los que la justicia argentina ha juzgado crímenes cometidos en otros países.
Ambos grupos se han dedicado a documentar los abusos cometidos por las autoridades comunistas en lo que se conoce como la provincia de Xinjiang, que los uigures llaman Turquestán Oriental y han llegado a la conclusión de que Beijing está cometiendo un genocidio contra los uigures, una acusación afirmada tanto por el expresidente Trump como por la actual administración Biden.
Aunque existen muchas barreras legales y pocos antecedentes la jurisprudencia universal permite a las cortes estatales de cualquier país, juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar dónde ocurrieron.
El pasado 29 de noviembre, la corte de apelaciones del juzgado federal argentino, decidió investigar los alegatos de seis mujeres de la etnia rohingya, una minoría musulmana de Myanmar que fue reprimida por el ejército en 2017 y que Naciones Unidas, que también investiga el hecho, asegura que la matanza es de la escala de un genocidio.
Las seis mujeres testigos que escaparon de Myanmar y se refugiaron en Bangladesh, dieron sus testimonios de manera virtual a la corte de apelaciones, que es la segunda instancia de apelaciones del sistema judicial de Argentina.
Inspirados por la decisión de la corte de apelaciones de Argentina, y considerando que tanto el llamado a boicotear los Juegos Olímpicos en Beijing 2022 no ha dado resultado, los dos grupos de activistas uigures decidieron presentar su querella criminal en el país sudamericano.
En 2005, durante la visita oficial del ex jefe de la Gestapo china, Luo Gan que fue recibido por el entonces presidente del senado, Scioli en la Argentina, la Asociación de Falun Dafa presentó una demanda y pedido de arresto del represor aprovechando que estaba dentro de la jurisdicción argentina.
Si bien el pedido de arresto no se materializó, el juzgado federal sorteado para revisar la denuncia, decidió aceptar el caso y abrir una investigación.
El juez en ese entonces, Octavio Araoz de Lamadrid, estuvo cuatro años investigando el genocidio contra los practicantes de Falun Dafa en China, y en 2009 pidió a Interpol la captura internacional de Luo Gan y el autor intelectual de la persecución, Jiang Zemin por haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Falun Gong sigue siendo el mayor grupo religioso perseguido en China, y sus miembros describen atrocidades cometidas por los comunistas, como la extracción de órganos vivos con fines lucrativos.
A pesar de la severidad de la persecución, debido a la presión diplomática y en una clara violación a la separación de poderes, donde el ministerio de exteriores solicitó el cierre de la causa, la orden fue efectivamente cancelada y la causa cerrada durante le feria judicial de 2010.
No obstante, en la segunda instancia de apelación, la corte que aceptó investigar la represión a la etnia rohingya, los jueces decidieron reabrir la causa que actualmente permanece activa.
Pero debido a la fragilidad del sistema judicial y la corrupción política, y teniendo en cuenta que el actual gobierno socialista de Argentina ha sido un férreo defensor del PCCh, aun si la causa por genocidio contra los uigures es aceptada por los tribunales federales, es poco probable que haya avance sin encontrarse con la corrupción del gobierno.
Por Alvaro Colombres Garmendia – BLes.com
