Todavía faltan más de dos meses para que se abran las urnas, pero la batalla de la que saldrá elegido el próximo alcalde de Roma ya ha comenzado. La actual alcaldesa de la capital italiana, Virginia Raggi, exponente del Movimiento Cinco Estrellas, está en el ojo del huracán por no haberse vacunado todavía contra el coronavirus. Desde el Ayuntamiento defienden que Raggi ha tomado la decisión siguiendo las indicaciones de su médico, pero la explicación ha sido usada por sus rivales políticos, que han atacado a la regidora.
“Visto el momento delicado, creo que sería importante que todos los candidatos inviten a los romanos a vacunarse”, lanzó Carlo Calenda, ex ministro en los gobiernos de Matteo Renzi y Paolo Gentolini, que se presenta a la alcaldía de la capital como candidato de Azione. El llamamiento no tuvo gran repercusión, por lo que Calenda, que abandonó el PD cuando los socialdemócratas pactaron un gobierno de coalición con el M5E, volvió a la carga poco después exigiendo a la alcaldesa que confirmara si había sido vacunada.
La abogada, de 43 años, se contagió en noviembre de 2020 y permaneció en aislamiento hasta que resultó negativa, como marca el protocolo. Según el Ministerio de la Salud de Italia es posible suministrar una única dosis de la vacuna a quienes hayan sido infectados, siempre que la vacunación se realice al menos tres meses después de la infección y preferiblemente dentro de los seis meses desde la misma. En el caso de la alcaldesa, han pasado ocho meses desde entonces, pero Raggi sostiene que tiene los anticuerpos “todavía altos” y no necesita vacunarse.
Otros exponentes políticos como Matteo Salvini o Giorgia Meloni han sido menos ambiguos y han defendido sin complejos la libertad individual. “Debemos proteger a los mayores de 60 años; de 40 a 59, que elijan; para los jóvenes, no es necesario”, dijo el ex ministro del Interior, que tampoco se ha vacunado.
La vacuna se ha convertido en un arma política a las puertas de la decisión que deberá tomar el Gobierno italiano, que estudia decretar la inmunización obligatoria para los profesores antes del inicio del próximo curso escolar, al igual que hizo para sanitarios y farmacéuticos en primavera. Una medida que provocó una oleada de recursos ante los tribunales de los profesionales del sector, y que divide a las fuerzas de la mayoría parlamentaria.
Fuente: La Razón
