En pleno conflicto dentro de la coalición de Gobierno como consecuencia de la ley del «sólo sí es sí» que ya ha beneficiado a casi 400 delincuentes sexuales con rebajas de penas o directamente con la excarcelación, y mientras el Partido Socialista avanza en la reforma de la ley, de momento sin Podemos, prospera también la tramitación de la ley trans, que en los próximos días irá al pleno del Senado.
Como ya ocurrió con la ley del «sólo sí es sí» y la presentación de informes previos a su aprobación que advertían de lo que podía acarrear la nueva norma –un punto que ha reconocido la exministra Carmen Calvo pero que siguen negando desde el Ministerio de Igualdad–, se siguen conociendo documentos que alertan del «efecto contagio» que el nuevo proyecto «estrella» de Irene Montero puede provocar y que, de hecho, ya está provocando en las comunidades autónomas en las que existen leyes similares a la propuesta de norma nacional.
Desde 2014 se han aprobado 40 textos autonómicos en forma de leyes trans y LGTBI, protocolos educativos y sanitarios que validan el «modelo afirmativo» –basado en el autodiagnóstico, el rechazo de la exploración psicológica y el acceso rápido a tratamientos hormonales y cirugías– de atención a las personas que rechazan su sexo y desean pertenecer a otro.
Con el objetivo de conocer el alcance de la «moda trans» entre la población española, la Confluencia Movimiento Feminista ha elaborado un informe en el que recopila los datos de volumen, edad, sexo y tratamientos de todas las consejerías de salud de las comunidades autónomas y los resultados son muy esclarecedores.
El texto confirma que hay cuatro grandes tendencias que se repiten en todas las comunidades: cada vez son más las personas atendidas por disforia de género, cada vez son más mujeres y más jóvenes y, el dato más preocupante de todos, cada vez se atiende a más menores de edad.
Así, en los cinco años que van desde 2017 a 2021, un mínimo de 20.755 personas fueron atendidas por las unidades especializadas en el tratamiento de la identidad de género que existen en trece comunidades autónomas.
Por regiones, según el documento, en la Comunidad Valenciana ha habido un aumento de casos del 10.000% entre 2016 y 2021, en Cataluña, el crecimiento fue del 7.000% entre 2012 y 2021, y en Madrid, las visitas a centros sanitarios por disforia de género se duplicaron entre 2021 y 2022: «Las primeras visitas a la unidad del Hospital Ramón y Cajal llegaron a más de 800 entre enero y julio de 2022″, revelan las feministas.
El texto también señala que son las mujeres de entre 14 a 25 años quienes más acuden a las unidades de género: «En Cantabria, el 65% de las personas atendidas en Psicosexología tienen menos de 21 años y la mayoría son mujeres. En Murcia ,entre 2017 y 2022, de los menores de edad atendidos en Endocrinología infantil el 60% son niñas. Y en la Comunidad Valenciana, entre 2012 y 2021, el número de niñas y chicas adolescentes atendidas en consultas externas y salud mental relacionadas con la identidad de género se incrementó un 9.100% frente al 4.600% de aumento en niños y chicos adolescentes», explica el grupo.
El dato más preocupante es el que tiene que ver con la edad de quienes son atendidos en estos centros, que ha ido bajando con el paso de los años. Así, en Cataluña, entre 2012 y 2020, la edad media de personas atendidas por el Servei Tránsit descendió de 34 a 22 años, y en Andalucía, desde el año 2016, el porcentaje de menores sobre todas las personas atendidas creció de forma continua hasta el 610% en octubre de 2022.
Así, según el documento, «un mínimo de 1000 menores sanos, entre 2019 y 2021, habrían iniciado tratamientos para detener artificialmente su desarrollo puberal con fármacos sin ficha técnica, de forma experimental, con efectos dañinos e irreversibles para su salud».
Respecto a las intervenciones quirúrgicas, se observa una clara prevalencia en mujeres –en el País Vasco, el 70% son mujeres y en Canarias, el 87%– quienes, además, están expuestas a la pérdida de funciones biológicas y a la esterilización en mayor proporción de lo que sucede con los hombres. «Se observa un patrón diferencial muy preocupante entre procesos reversibles (hombres) y procesos irreversibles (mujeres y menores). En el caso de los hombres: algunos tratamientos pueden afectar a su salud, pero otros no. Por ejemplo, los implantes mamarios. En mujeres y menores, en cambio, los tratamientos, además afectan a su salud y a sus funciones fisiológicas (disminuyen o destruyen la posibilidad de gestar, o tienen efectos no investigados en caso de embarazo tras tratamientos con hormonas cruzadas)», explican las feministas.
Con estos datos, aseguran que «un mínimo de 1000 mujeres sanas, entre 2016 y 2021, habrían sido intervenidas quirúrgicamente con efectos irreversibles que incluyen la doble amputación de mamas y otras extracciones de sus genitales», aseguran.
Para Confluencia Feminista, estas son las consecuencias de «imponer el modelo afirmativo de atención y tratamiento a las personas con disforia de género, que rechaza la exploración psicológica y las preguntas clave sobre el origen del malestar y el aumento de los casos que se producen».
Por todo ello, exigen que se investigue en profundidad qué impacto está teniendo la aplicación del “modelo afirmativo” transgenerista y «que se descarte dicho modelo siguiendo la marcha atrás que han dado países de nuestro entorno que han constatado sus nefastas consecuencias«.
«Exigimos que se pare la tramitación de la Ley Trans, y que se deroguen las leyes trans de las CC.AA y los protocolos sanitarios y educativos derivados de ellas: son un atentado a los derechos de las mujeres y al libre y sano desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes«, concluyen.
