Durante las negociaciones de un nuevo tratado sobre delitos cibernéticos en la ONU, se ha desatado una nueva polémica en torno a la despenalización de ciertos tipos de pornografía infantil a propuesta de algunos países occidentales. Este tratado, en discusión durante más de un año, tiene como objetivo abordar los crímenes cibernéticos, incluida la penalización de la producción, distribución y posesión de material de abuso sexual infantil en línea. Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea están promoviendo excepciones que permitirían la posesión de este material bajo circunstancias específicas.
Estas excepciones proponen que el material que no involucra a un «niño real» o que es generado de manera autónoma —inteligencia artificial—, o creado dentro de una «relación consensuada» y conservado para «uso privado», no debería ser objeto de enjuiciamiento penal obligatorio. Según los defensores de esta postura, en tales casos, la persecución legal debería ser opcional, lo que representa un cambio significativo respecto a las prohibiciones universales que hasta ahora han sido la norma bajo el protocolo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Durante las negociaciones a principios de agosto, algunos países occidentales argumentaron que los menores que comparten imágenes sexualizadas de sí mismos de manera consensuada, ya sea con otros menores o con adultos, no deberían ser penalizados. Defendieron que estos menores tienen «derecho a desarrollar relaciones sexuales». Una delegada de Austria, por ejemplo, justificó que «los niños mayores de 14 años tienen derecho a desarrollar relaciones sexuales», y añadió que estos menores pueden crear y compartir imágenes en el contexto de relaciones sexuales voluntarias y legales, sin que estas imágenes deban ser criminalizadas.
Este enfoque ha generado una fuerte oposición. Una declaración conjunta, presentada por un delegado de Siria en nombre de 22 países, denunció que tales excepciones minarían el propósito de la convención, que es proteger a los menores. Los países firmantes, entre ellos Rusia, Arabia Saudita, China e Indonesia, sostuvieron que el marco jurídico internacional actual ya permite a los Estados adoptar «medidas correctivas o de rehabilitación» para proteger a los menores, sin necesidad de suavizar las leyes contra la pornografía infantil.
China también expresó su preocupación, insistiendo en que los estándares actuales para el procesamiento de la pornografía infantil deben mantenerse inalterados bajo la Convención sobre los Derechos del Niño. Ruanda, por su parte, advirtió que las propuestas actuales podrían generar «inmunidad e impunidad» para los abusadores sexuales, mientras que un delegado del Congo comparó la despenalización del sexting entre menores con permitirles jugar con cables eléctricos, destacando los riesgos inherentes a tal práctica.
