El 14 de marzo, el gobernador de Utah, Spencer Cox, promulgó una ley aprobada anteriormente el 1 de marzo por el Senado y la Cámara del estado que prohíbe a los proveedores de atención médica cubrir o brindar atención posterior a la cirugía de trasplante de órganos realizada en China.
El proyecto de ley, SB 262, se promulgará el 1 de mayo, lo que convertirá a Utah en el segundo estado de EE. UU. después de Texas -que promulgó una legislación similar en septiembre pasado- en tomar medidas de este tipo contra la atrocidad generalizada y de larga data del Partido Comunista Chino (PCCh).
La legislación también se extiende a los trasplantes de órganos realizados en cualquier otro país donde se cree que se produce la sustracción forzada de órganos.
A partir de 2006, fuentes internas e investigadores de derechos humanos denunciaron que el régimen comunista estaba cometiendo asesinatos en masa de presos políticos y religiosos por sus órganos, crímenes perpetrados por médicos estatales y militares chinos.
«Si los 50 estados [de EE. UU.] tienen esta prohibición, entonces esencialmente no se destinarán dólares estadounidenses a los hospitales chinos que participan en el tráfico de órganos, por lo que no podrán pagarlo», dijo el representante Tom Oliverson (Republicano de Texas), quien patrocinó el proyecto de ley de Texas en 2023, dijo en ese momento.
El asesinato a pedido de personas inocentes ha permitido que las personas que buscan trasplantes de órganos reciban un órgano en semanas o incluso días viajando a China continental para recibir atención, en lugar de la espera de años que es normal en Estados Unidos y otros países.
Las principales víctimas de la industria de sustracción de órganos del PCCh han sido los practicantes de Falun Gong, una disciplina espiritual tradicional también conocida como Falun Dafa (法輪大法), cuyos entre 70 y 100 millones de seguidores proporcionaron un enorme grupo de donantes vivos tras la campaña de persecución comunista que se lanzó. para “erradicar” Falun Gong en julio de 1999.
‘Un genocidio contra el pueblo chino’
Se cree que muchos otros, como los budistas tibetanos, el grupo étnico predominantemente musulmán uigur en el noroeste de China, los cristianos clandestinos e incluso los estudiantes chinos comunes y corrientes, quedaron atrapados (y literalmente separados) en este lucrativo pero sangriento negocio.
En reacción a un documental que exponía la sustracción de órganos por parte del PCCh proyectado por el Club Falun Dafa de la Universidad de Harvard, la investigadora del MIT Maya Mitalipova dijo a la televisión chino-estadounidense NTD Televison que lo que estaba ocurriendo era “un genocidio contra el pueblo chino”.
Mitalipova, directora del laboratorio de células madre humanas en el Instituto Whitehead de Investigación Biomédica del MIT, vio el documental, llamado State Organs , el 7 de marzo. “Esto no debería suceder en ningún rincón del mundo”, dijo.
Un número creciente de figuras públicas estadounidenses han expresado su indignación por las atrocidades de sustracción forzada de órganos por parte de la China comunista.
En enero de 2016, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad la Resolución 343 de la Cámara, condenando la sustracción sistemática de órganos a practicantes de Falun Gong y otros presos de conciencia en China, autorizada por el Estado.
En un discurso pronunciado este mes de enero en la Cumbre Internacional sobre Libertad Religiosa, celebrada anualmente en Washington D.C., el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano de Los Ángeles), se pronunció contra la extracción forzosa de órganos, nombrando a los practicantes de Falun Gong y a los budistas tibetanos como principales víctimas del asesinato masivo.
