Para la autora, la ideología woke tiene capacidad de superar con creces las distopías y pronósticos más oscuros, y los padres no tienen herramientas para enfrentarse a una maquinaria feroz
Una de las características más impresionantes que tiene el ecosistema woke es su capacidad de superar con creces las distopías y pronósticos más oscuros. Cuando creíamos que nada más nos podía sorprender, una nueva aberración desnuda el entramado enloquecido que ha colonizado la educación a nivel mundial. La duda que subyace es: ¿Cuántos casos similares existirán en el mundo?
Este caso ocurrió en Argentina, hace pocos días, el periódico Infobae publicó un caso en el que una madre debió presentar una denuncia contra las autoridades del colegio de su hija porque querían obligar a la menor a cambiar de género.
La historia tiene un derrotero de terror, un día una chiquita de 14 años a la que se le ha dado el nombre ficticio de Mariela le dijo a su madre: «Me siento rara. No sé qué me pasa». El estado de desconcierto y malestar era normal, Mariela había perdido a su papá en medio de los encierros pandémicos y recién estaba comenzando la escuela secundaria atravesada por el dolor y el encierro que en Argentina fue particularmente largo y despótico. La pubertad y la adolescencia son momentos abrumadores en condiciones normales, pero en este contexto la vulnerabilidad y el agobio se multiplican.
Mariela expresó su malestar en el colegio en medio de los fervientes incentivos para que los niños y adolescentes se «replanteen su identidad de género». La Escuela Nacional Arturo Humberto Illia, de Mar del Plata, casualmente, poseía una «comisión de género» encargada de orientar a los alumnos. La comisión no desaprovechó la oportunidad para sugerirle a la chiquita una transición de género. Después de todo, qué mejor forma de autojustificar su existencia.
Acto seguido, la escuela le comunicó a la mamá que su hija había sido designada como un «varón trans» y que, en consecuencia, iban a cambiar todos los registros oficiales de Mariela incluyendo la toma de asistencia y las calificaciones. Todo esto sin la menor consulta a la madre, aun considerando que la niña tenía 14 años.
Todo esto mientras la mujer, una madre que recientemente había enviudado, sin recursos afectivos, económicos ni intelectuales que le permitieran entender la maquinaria que se había desatado alrededor de su hija, trataba de entender lo que pasaba. La escuela la contactó con la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI), una organización kirchnerista dedicada al lobby trans, que repite el dogma de que sólo la afirmación de la autopercepción salva a los niños de un seguro suicidio. La tela de arañas se iba tejiendo alrededor de Mariela y de su mamá.
Claro que la mamá de Mariela no podía saber esto, la narrativa psicópata de la industria de género necesita de la ignorancia para subsistir: «En AMI me dijeron que debíamos trabajar para aceptar el cambio y me preguntaron: ‘¿Acaso preferís tener una hija muerta antes que un hijo trans?’ Con el tiempo comprobé que es como una red organizada. Si no sabés nada, te captan», indicó la mujer.
Durante los siguientes dos años, la madre padeció lo mismo que le ocurre a miles y miles de padres en todo el mundo: se debaten entre el amor, el desconcierto y la necesidad de apoyar a sus hijos; y la convicción de que algo no está bien. En la escuela se redoblaron los esfuerzos por no perder a la presa, acusaban a la mamá de transfóbica por pedir prudencia y la psicóloga del colegio le dijo que la niña debía ser acompañada para evitar que se suicidara y que, de no hacerlo, eso significaba ejercer violencia en el hogar.
A pesar de que Mariela tenía tratamiento psicológico, la psicóloga de la escuela que no era su terapeuta ni estaba habilitada para tratarla, intervenía en la vida de la alumna sin permiso de la madre y sin derecho profesional. En el colegio la trataban como varón, a pesar de la incomodidad de Mariela y su mamá no sabía ya cómo nombrarla. «Le decía ‘mi amor’, ‘mi vida’, ‘tesoro’ para no condicionarla».
El día en que Mariela cumplía 16 años, la psicóloga de la escuela la sacó de clase para acompañarla al Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Mar del Plata para cambiar el nombre de su DNI. La ahora adolescente se negó y le dijo que no podía irse del colegio sin su mamá, a lo que la escuela contestó ofreciendo el Renaper fuera al colegio para hacer el trámite. La presión sobre la adolescente era brutal.
Pero el tratamiento psicológico que Mariela tenía por fuera de la escuela mostraba otro panorama. Los informes diagnosticaban «ambivalencia afectiva propia de la edad que transita”, sumado a un “duelo por la muerte de su padre”, que había fallecido tras una larga enfermedad, y que tenía “síndrome conductual con dificultades en la socialización y la comunicación». Poco después de su cumpleaños, Mariela le dijo a las autoridades escolares que su decisión era volver a identificarse con su nombre de mujer. Pero entonces el respeto por la «autoidentificación» sirvió de poco, porque los registros oficiales mantuvieron su nombre masculino, generando un enorme dolor y trauma en la adolescente.
La psicóloga de la escuela presentó entonces una denuncia contra la madre en la Comisaría de la Mujer de Mar del Plata por la supuesta comisión del delito de «violencia psicológica». Afortunadamente la denuncia fue desestimada semanas después por la UFI Número 5 Departamental por «inexistencia del delito». Pero imaginemos lo que deben haber sentido la madre y la chica frente a una denuncia penal de la escuela, y las presiones sobre Mariela para que conserve su «identidad masculina» bajo la extorsión solapada de encerrar a su madre.
Luego de sesastimada la denuncia penal, un par de semanas más tarde cuando terminaba el ciclo lectivo, la dirección de la escuela, no conforme con la denuncia que interpusieron y que fue desestimada, pidió intervención en el asunto la Asesoría de Incapaces 3 de Mar del Plata, a través del Defensor Oficial Subrogante Juan Ignacio Fuscaldo. Una semana después, la escuela inició un juicio de guarda para proteger a la joven ante el Juzgado de Familia Número 7 Departamental. Mariela ya tenía 16 años, ya había expresado su voluntad y ya estaba con tratamiento psicológico. ¿Qué oscuros objetivos perseguía la escuela con semejante jugada?
La burocracia escolar estaba buscando los intersticios dentro del engranaje burocrático que respondieran mejor a su demencial ideología. Si en la UFI les decían que no, mejor buscar en alguna otra dependencia más cercana a la «perspectiva de género». La férrea injerencia woke no respeta el NO ES NO.
«Iban por todo y hasta querían sacarme la tenencia. Yo creo que recién ahí mi hija se dio cuenta de que la situación era grave, y de que no la estaban escuchando. Ella quería volver a ser Mariela y no la dejaban», recordó la madre. «Estaban dispuestos a despojarla de su familia y mandarla a un hogar de menores. Una locura total, descabellado por donde lo mires», declaró la mamá.
Al comenzar este año, la madre de Mariela presentó un informe psicológico de su hija en el Juzgado de Familia donde se tramita la causa contra ella por la custodia de la joven que en pocos días cumpliría 17 años. El documento, firmado por varios peritos psicólogos afirmaba que la joven quería ser reconocida por su identidad femenina y que pedía ser llamada así.
Ese kafkiano proceso judicial sigue su curso, absorbiendo recursos del Juzgado de Familia, de los abogados de la escuela, del gobierno y sobre todo demandando recursos económicos y emocionales de Mariela y de su mamá. Los lobistas de género no tienen reparos a la hora de maltratar a quienes se les oponen, rompiendo familias y vidas en pos de su élan vital: conseguir niños que quieran cambiar de género y confirmen su perversa ideología.
Ante el acoso institucional, el abogado de la madre de Mariela denunció a la directora de la Escuela Nacional Arturo Humberto Illia de Mar del Plata. Aquí se abre una escandalosa bifurcación en la trama, porque la directora de la escuela es Analía Laxalde, una activista kirchnerista que también dirige el Instituto de Formación Docente en Mar del Plata (ISFD 19), institución también denunciada, desde que Laxalde la dirige, por adoctrinamiento de género.
Según distintos estudiantes y docentes consultados por el medio local Periódico Tribuna, las autoridades del Instituto, que está destinado a la formación de los maestros que luego estarán al frente de las aulas, llevan adelante «una gestión autoritaria», generando una política de «persecución y hostigamiento» a todo aquel que piense diferente. La acusación de adoctrinamiento dentro del ISFD 19 se agranda al considerar que la gestión de Laxalde solicitó agregar materias en los profesorados de indisimulable contenido político, sin relación con la formación docente, como por ejemplo: Políticas de Género en la educación; Perspectivas de género; Diseño de propuestas diversificadas de enseñanza e igualdad educativa; Derechos Humanos, memoria y soberanía; y Educación para todos, el juego como inclusor social.
El abogado de la mamá de Mariela denunció a Laxalde por fraude procesal, supresión de identidad de un menor y falsificación de instrumento púbico «atento haber iniciado un juicio para quitarle la guarda a la madre, invocando falsamente el nombre de la niña y su sexo». El abogado también denunció a la psicóloga del colegio, Verónica Roose, por presunta coacción y denuncia falsa contra la madre. Además, pidió la intervención de la Jefatura Regional de Gestión Estatal de la Provincia de Buenos Aires contra ambas e inició una acción ante el Colegio de Psicólogos por los mismos motivos contra Roose.
La mamá de Mariela encontró contención en una asociación de «Madres de Niñas y Adolescentes con Disforia de Género Acelerada» MANADA. «Ellas me dieron todas las herramientas para comprender que estaba siendo coaccionada por el colegio para que siguiera adelante con esa transición, de la que mi hija ya había empezado a dudar, por la presión de la directora y la psicóloga». Actualmente, Mariela tiene una vida normal, de novia con un compañero de inglés y tratando de dejar esta historia en el pasado, a pesar de que en la escuela tardaron en aceptar su nombre femenino de nuevo y de que sigue su curso el juicio por su custodia que seguramente caerá en el desatino burocrático cuando cumpla sus 18 años, y aún no se haya resuelto.
A pesar de los años de dolor y persecución a cargo del lobby de género enquistado en la institucionalidad argentina, podría decirse que el caso de Mariela tiene un final feliz. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de las veces no es así. El sistema de cooptación destinado a obtener un número significativo de niños que «transicionen» es una maquinaria feroz, dispuesta a todo para subsistir. Las leyes y oficinas organizadas alrededor de la «perspectiva de género» son mayormente un camino de ida para quienes caen en sus garras. Los padres suelen no tener herramientas para enfrentarla y los niños son sus víctimas inocentes. La mafia está bien articulada, se inserta en las escuelas, en las “oficinas de protección”, en los juzgados, en los institutos de formación y sobre todo en los partidos políticos. Porque lo que queda cada vez más en evidencia es que la ideología de género es pura y exclusivamente un retorcido proyecto político.
