El principal organismo de control financiero del Consejo de Europa ha pedido al Vaticano que garantice la transparencia en los procedimientos para enjuiciar a los clérigos de alto rango y que refuerce aún más las iniciativas de reforma para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En un informe publicado el miércoles, el Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (o Moneyval) señaló que casos de alto perfil habían levantado señales de alerta sobre posibles abusos de los sistemas internos de la Santa Sede para personas, beneficios u otros por parte de los iniciados de nivel medio y superior.
El informe destacó varios de esos casos, en particular la condena en enero de Angelo Caloia, ex director del Instituto de Obras de Religión (el banco del Vaticano), y otros dos por malversación de fondos y lavado de dinero después de un juicio de tres años que siguió a una investigación de cinco años.
Caloia, quien presidió el banco entre 1999 y 2009, es el funcionario del Vaticano de más alto rango en ser condenado por un delito financiero hasta la fecha.
Si bien el informe elogia principalmente a las autoridades del Vaticano por su cumplimiento y “comprensión del riesgo”, también señaló que no abordaron tales casos de abuso, lo que plantea “algunas preocupaciones en cuanto al grado en que estas cuestiones son reconocidas formalmente y reconocidas por todas las autoridades”.
“Las autoridades han informado que consideran que el riesgo de abuso de poder por beneficios personales o de otro tipo presentados por personas con información privilegiada y lavado de dinero relacionado es bajo” , señaló el informe, y agregó que el equipo de evaluación de Moneyval no estuvo de acuerdo con esta conclusión.
Como consecuencia, según el informe, los resultados en el tribunal habían sido “modestos” con solo dos condenas por autolavado aseguradas durante el período de revisión. Además, el informe critica la duración de los procedimientos judiciales y considera que las penas impuestas en los casos de lavado de dinero son tan “mínimas” que no son un factor disuasorio suficiente para futuros abusos.
Además, el informe menciona dificultades para abordar casos de presunto abuso de cargo y delitos relacionados con los altos rangos del clero, incluso a nivel de cardenales y obispos.
Aunque señala que no existen “impedimentos” para procesar a ningún acusado a parte del Papa, el informe concluye que el procedimiento para obtener el consentimiento papal para emprender acciones legales contra clérigos de alto rango “no es completamente transparente”.
El equipo de evaluación no pudo establecer cuál sería el curso de acción exacto en caso de que los fiscales soliciten la sanción papal para iniciar un proceso penal contra un obispo o cardenal. El informe recomendó que la posición oficial debía “aclararse en los documentos de política pertinentes y darse a conocer en general”.
En abril, el Papa Francisco emitió un decreto que enmienda el código penal civil del Vaticano para permitir que obispos y cardenales que trabajan en la ciudad-estado sean juzgados en adelante por un tribunal laico y no por el Tribunal de Casación, un cuerpo de clérigos de alto rango.
En un comunicado, la Santa Sede acogió con beneplácito las conclusiones del informe que, por lo demás, en su mayoría complementario, “renovó su compromiso de seguir trabajando para lograr el pleno cumplimiento”.
