El gobierno de Javier Milei ha planteado una serie de reformas legislativas que, de aprobarse en el Congreso de la Nación, fortalecerían el rol de las madres, defenderían los derechos de los niños -incluyendo los que aún no han nacido- y le darían un «golpe» a la aplicación de la ideología de género en diferentes ámbitos de la sociedad argentina, incluyendo el aborto.
Dentro del mega proyecto llamado ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos‘, el Poder Ejecutivo propone modificar la ‘ley de 1000 días’, eliminar el controvertido ‘lenguaje inclusivo’, reemplazar el término “violencia de género” por “violencia familiar y contra las mujeres”, suspender el adoctrinamiento de género en el Estado y reducir la cantidad de abortos en el país.
Todas estas propuestas están incluidas en las 351 páginas del proyecto de la Ley Ómnibus y serán tratadas durante las sesiones extraordinarias que estarán vigentes hasta el 31 de enero.
La clave está en la modificación de la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (27611), llamada comúnmente ‘ley de los 1000 días’.
Esta normativa es la que permite la asignación por Cuidado de Salud Integral, la extensión de la Asignación Universal por Embarazo, la asistencia ante trombofilia y la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y la primera infancia, entre otras medidas.
Además, tiene como objetivo afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para diversas situaciones, incluyendo menores con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, personas que cursen embarazos de alto riesgo y otros casos relacionados.
Entre los cambios que propone el gobierno en esta ley se encuentran, en primer lugar, utilizar simplemente el término “niños” para referirse a los menores -en lugar del lenguaje de ‘géneros’- y «madres» -en reemplazo de ‘personas gestantes’-.
Pero, lo realmente disruptivo -que ya ha despertado la ‘ira’ de las organizaciones feministas radicales– es que ahora se incluyen dos términos cruciales para defender los derechos y las vidas de los más indefensos, es decir, los niños que aún no han nacido. Puntualmente, el proyecto apunta a incluir a los “hijos por nacer” y habla de la “vida desde la concepción”. Cabe señalar que este último concepto fue suprimido cuando se aprobó la ley del aborto.
La reforma del artículo 1 de la ‘ley de los 1000 días’ especifica que se consideran niños desde el momento de la concepción hasta los 3 años. Obviamente, esto le da un fuerte ‘golpe’ a la ley del aborto (Ley 27610: Interrupción Voluntaria del Embarazo) -que permite la finalización abrupta del embarazo hasta la semana 14 inclusive-.
Expresamente, la reforma dice: “La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años; con el fin de reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, la protección y estimulación de los vínculos tempranos, y el desarrollo físico y emocional”.
Todos estos ítems serán abordados desde el Ministerio de Capital Humano comandado por la licenciada Sandra Pettovello.
Asimismo, en el conjunto de reformas se plantea, en términos prácticos, salvar más vidas de niños por nacer -reforzando la protección de su gestación durante el embarazo- y, a la vez, reducir los insumos que se utilizan para los abortos, por ejemplo derogando la producción pública de medicamentos, que afecta al misoprostol y la mifepristona, pastillas utilizadas durante los abortos.
Pero eso no es todo. En la modificación del artículo 1 de la ‘ley de los 1000 días’ también se propone un cambio sustancial en la aplicación de ‘Ley Micaela’, la cual establece que todas las personas “que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación” están obligadas a realizar una ‘capacitación’ en la temática de género.
Ahora, el Gobierno plantea que la capacitación de los temas de género se limite solo a «las personas que se desempeñen en la función pública, en los organismos competentes en la materia”, o sea, en la flamante Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género -dependiente del Ministerio de Capital Humano.
En este sentido, se propone también reemplazar el concepto de “violencia de género” por “violencia familiar y contra las mujeres”.
Todas estas reformas forman parte de las promesas de campaña del presidente Javier Milei, y su vicepresidente, Victoria Villarruel, que se han manifestado en contra de la ideología de género y del aborto. De hecho, la absoluta mayoría de los altos funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza son ‘provida’.
